https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/efectos-tributarios-de-la-reformulacion-de-cuentas-anuales-ii-2021-12-13/...
Continuar leyendo
La misma semana que el Tribunal Supremo modificaba el criterio sobre el sujeto pasivo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en los supuestos de préstamos con garantía hipotecaria, el alto tribunal publicaba otra sentencia en la que también modificaba un criterio hasta ahora consolidado, esta vez en relación con la base imponible del AJD en los casos de extinción de condominio o división de la cosa común. El artículo 30 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TRITPAJD) establece que En las primeras copias...
Continuar leyendo
Quien suscribe este artículo, tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2014, ya publicó un comentario acerca de las supuestas modificaciones que venía a introducir la citada sentencia en el cómputo del plazo máximo para materializar la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en el caso de personas físicas, mostrando en aquel momento nuestro rechazo a la forma en que la Administración Tributaria había interpretado la referida sentencia. A este respecto, los órganos administrativos concluyeron que el Tribunal Supremo había sentado jurisprudencia acerca del plazo máximo en el que las personas físicas podían materializar...
Continuar leyendo
El artículo 32.1 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) dispone lo siguiente: “Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 30%., cuando, en ambos casos, se imputen en un único período impositivo (…) No resultará de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aún cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un período que cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una...
Continuar leyendo
La retribución del cargo de los administradores sociales, sean o no consejeros delegados o ejecutivos, debe estar prevista expresamente en los Estatutos Sociales, así como el sistema de remuneración. Así lo ha establecido la Sala Primera de nuestro Tribunal Supremo en la Sentencia dictada el pasado 26 de febrero de 2018 (Sentencia 98/2018, 26 Feb. Recurso 3574/2017 -LA LEY 3397/2018-), en virtud de la cual se modifica la doctrina establecida hasta ahora por la Dirección General de los Registros y del Notariado en relación con la retribución de los consejeros delegados. La sentencia analiza el régimen legal de la remuneración de los...
Continuar leyendoDeterminación del momento a tomar en cuenta para decidir si la obligación social es posterior a la causa legal de disolución de la sociedad, a efectos de establecer la responsabilidad solidaria de los administradores por las deudas sociales cuando no se promueve la disolución de la sociedad concurriendo causa legal para ello El artículo 367 de la vigente Ley de Sociedades de Capital establece que los administradores responderán solidariamente de las deudas sociales cuando no se promueva la disolución de la sociedad concurriendo causa legal para ello (o bien se adopten las medidas necesarias para remover la causa de disolución), si...
Continuar leyendo
El Tribunal Supremo, en sentencia de 16 de marzo de 2015, estima el recurso de casación para la unificación de la doctrina interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 27 de diciembre de 2012. Entiende el Tribunal Supremo que la RIC constituye un específico beneficio fiscal que se estructura temporalmente en distintas fases, en cada una de las cuales, el sujeto pasivo que aspira a acogerse al mismo ha de cumplir con ciertas cargas y condiciones. Tiene que dotar la reserva en un ejercicio, materializar dicha dotación en determinadas inversiones...
Continuar leyendoEl artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital, incorporado por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, confiere a la junta general la competencia para decidir sobre “la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales”. Reiteremos, si bien de pasada, que esa norma coincide en su contenido aunque literalmente difiera con la que, también desde la misma ley de reforma, se contiene en el artículo 511 bis LSC para las sociedades cotizadas. El presupuesto de hecho del artículo 160 f) LSC tiene dos referencias. De un lado, la naturaleza del acto; de...
Continuar leyendoLa Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) se encuentra regulada en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en cuyo apartado 16 podemos encontrar la siguiente obligación impuesta para el caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados anteriores: la disposición de la reserva para inversiones con anterioridad al plazo de mantenimiento de la inversión o para inversiones diferentes a las previstas, así como el incumplimiento de cualquier otro de los requisitos establecidos en este artículo, dará lugar a la integración en la base imponible del ejercicio en que...
Continuar leyendoEl artículo 27.4 de la Ley 19/1994 establece que las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias deberán materializarse en el plazo máximo de tres años, contados desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se ha dotado la misma (…). En el caso de personas jurídicas, los Tribunales habían interpretado que este plazo tenía que empezar a computarse desde el ejercicio en que se aprobaran las cuentas anuales, con lo que, a efectos prácticos, el plazo para materializar la RIC se ampliaba hasta los 5 años: el año de obtención del beneficio, el de...
Continuar leyendo